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Diario de un resentido social

Semana del 11 al 17 de noviembre de 2002

Deporte y nacionalismo

El presentador del magazine deportivo de La 2, que lleva ahí desde antes de que se inventara la televisión, culpó ayer a Carles Moyà de haber impedido que hubiera tres españoles en las semifinales de los Mundiales de tenis que se celebran en Shangai. Según él, Moyà ganó a Albert Costa un partido «en el que no se jugaba nada», lo que le dejó fuera de las semifinales.

Estaba yo fregando los platos y casi se me cae el que sujetaba en ese momento. Del susto. ¿Era verdad lo que estaba oyendo? ¿Realmente estaba insinuando el menda que Moyà hubiera debido dejarse ganar? Sí. Era exactamente eso, sólo que no le bastó con insinuarlo y acabó diciéndolo con todas las letras, acusando a Moyà de haberse rendido a la ambición del dinero. Le acusó, en suma, de haber respetado las reglas del juego negándose a falsear la competición. De haber colocado el espíritu deportivo por delante del nacionalismo.

De todos modos, admito que lo que me sorprendió más no fue que el pollo de La 2 pensara así, sino que lo dijera. Porque una cosa es alentar sentimientos delictivos y otra muy diferente, presentarse en televisión para airearlos a los cuatro vientos. Lo mejor que cabe hacer con los impulsos inconfesables es respetar su definición y no confesarlos.

Me acordé de inmediato de otra interferencia del nacionalismo en el deporte que alguna vez he comentado por aquí. De la interferencia de otro nacionalismo, quiero decir. Me refiero a la ley no escrita que hace que los equipos de fútbol vascos se ayuden entre sí a final de temporada cuando alguno de ellos corre el riesgo de bajar a Segunda. El año pasado me encontraba en San Sebastián el día en el que la Real Sociedad, ya fuera de peligro, se enfrentaba a Osasuna. Había incluso pintadas en el exterior del campo recordando a los jugadores de la Real la «obligación» que tenían de perder. Recuerdo que lo comenté con algún foráneo: «Si se atrevieran a ganar, se llevarían la bronca de su vida». Pero estaba descartado: un año antes se había producido una agria polémica entre De Pedro y el entrenador del Alavés, que había dicho que él no tenía la más mínima intención de respetar esa «ley no escrita». De Pedro le respondió que decía eso... porque no era vasco. Cada equipo vasco disputa en su propio beneficio, pero acude en auxilio de los demás si se encuentran en dificultades mayores. Nada que ver con esos odios a muerte entre béticos y sevillistas, madridistas y atléticos, periquitos y culés, etcétera.

¿Nacionalismo? Por supuesto. Igualito que el del presentador de Estadio 2, desde el punto de vista del mecanismo ideológico desencadenante. La única diferencia es que el uno reivindica un nacionalismo dominante, instalado, y el otro un nacionalismo mucho más débil, de andar por casa.

(17 de noviembre de 2002)

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El energúmeno

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, dijo ayer que le gustaría ver entre rejas al presidente del Parlamento de Vitoria, Juan María Atutxa, y al lehendakari Ibarretxe. Ha sido muy comentada en los medios capitalinos esa salida tan suya. A cambio, apenas se ha comentado la anterior, sucedida hace unos días, en el curso del homenaje a una víctima de ETA. El lehendakari comenzó su intervención en euskara, y Villar se puso a hacer ostentóreos gestos de desagrado y se preguntó en voz alta si Ibarretxe no sabe español. Semejante actuación motivó que el portavoz del Gobierno vasco le exigiera públicamente excusas y reclamara al Ejecutivo de Madrid su destitución fulminante, ninguna de las cuales dos cosas se ha producido, como es bien sabido.

Villar es un pendenciero que se dedica a crispar la situación política vasca con sus continuas patas de banco. Su leit motiv obsesivo es la identificación del nacionalismo vasco, en general, con la violencia de ETA, dando por hecho que el uno y la otra forman un todo inextricable.

He dicho que se dedica a eso y alguien me objetará: «Se dedicará a eso... y a más cosas». Pues ahí está parte del misterio: por lo menos en lo que afecta a la faceta pública de su existencia, no tiene más actividad conocida que ésa. La política para Euskadi del Gobierno central se decide sin contar para nada con él, en instancias superiores: entre Aznar y Mayor Oreja, principalmente. Y se aplica del mismo modo. Villar tiene la agenda más disponible del mundo: nadie espera de él que se encargue de ninguna tarea práctica, y él pone el máximo empeño en no defraudar esas expectativas.

Villar posee una personalidad simplicísima: es un energúmeno en estado prácticamente puro. Pero eso es lo de menos. Energúmenos hay en todas partes y en casi todos los bandos. Lo que interesa determinar es por qué Aznar decidió nombrar –e insiste en mantener– como delegado de su Gobierno a un provocador como éste.

Y la respuesta es inevitable: porque aplica conscientemente una política de enfrentamiento y de división social. No busca pacificar. Busca gresca.

De modo que el problema no es Villar, sino Aznar.

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Nota.– Recibí ayer por la mañana varios correos de lectores extrañados por la tardanza en la actualización de la página. Yo había cumplido con mi parte a la hora habitual: sencillamente, el servidor de Nodo50 tuvo algunos problemas técnicos que no arregló hasta pasadas las 10:00 de la mañana. Lo de hoy ha sido diferente: me he quedado dormido hasta las 09:30. Y bien a gusto, por cierto.

(16 de noviembre de 2002)

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Ya está aquí el mañana

A falta de otras, Aznar logró que se le acordara desde el principio una virtud práctica como gobernante: la eficacia en materia económica. Él insistía –sigue insistiendo– en su capacidad para «hacer los deberes» y la mayoría de la opinión pública se lo reconocía. «España va bien», decía. «España va razonablemente bien», matizaba Rato, enamorado del adverbio. Y el personal, como mucho, se dedicaba a poner nombre y apellido a los grandes beneficios: «Va bien... sobre todo para vuestros amigos». Pero admitía que sabían lo que se traían entre manos.

¿Lo sabían? A la vista de los resultados, parece que no demasiado. Última muestra de su sapiencia: la inflación se les ha disparado al doble de lo previsto. El doble: se dice pronto.

No es un asunto meramente técnico. El despegue de la inflación se traduce, de manera muy concreta, en que todos cuantos tienen ingresos mensuales fijos ganan ahora menos que hace un año. O sea, que viven peor.

El Gobierno reparte culpas y anuncia medidas. Pero no puede enderezar el timón, porque no lo tiene en sus manos. A fuerza de liquidar la presencia del Estado en la economía –a fuerza de malvender su propio poder–, ha ido reduciendo más y más su capacidad de intervención. Y la que conserva no quiere usarla, porque se lo prohíbe su religión neoliberal.

Nos han ido abandonando más y más a las leyes del mercado y ahora, cuando el mercado va por donde le viene en gana, lo único que saben hacer es echarle broncas. La supuesta panacea de las privatizaciones no ha tenido nada de tal: España ha pasado de la rigidez de los monopolios estatales a la rigidez de los oligopolios privados, a los que ni siquiera cabe castigar por vía política, porque sus jefes no pisan el Parlamento, ni rinden cuentas ante nadie.

Se trataba –dijeron– de propiciar la libre competencia. ¿Alguien ha visto algo parecido a eso en el sector de los carburantes, en el de la electricidad, en el de las telecomunicaciones? No se puede hablar de «conspiración para alterar el precio de las cosas» porque no hay ninguna conspiración: lo hacen con absoluto descaro y total impunidad. ¿Cómo poner reparos ahora mismo a la fusión entre Canal Satélite y Vía Digital en nombre del respeto a la libre competencia cuando hace tiempo que las dos plataformas ofrecen los mismos productos de pago... y al mismo precio?

La alocada política de privatizaciones a mansalva y de baratillo puesta en práctica por el Gobierno de Aznar –iniciada por los Gobiernos de González, todo sea dicho– está empezando a mostrar su verdadero rostro. Algunos lo apuntamos en su día, echando mano del refranero: «¡Pan para hoy y hambre para mañana!». Tal cual: los males de ahora son el mañana de aquel ayer.

(15 de noviembre de 2002)

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El feliz retorno del garantismo periodístico

Estaba yo francamente preocupado por la frivolidad con la que los medios de Prensa españoles lanzan las más graves acusaciones contra todo Pichichi, según les viene en gana o conviene a sus fobias partidistas, inventándose a veces incluso la materia misma del reproche –ahí está la cosa ésa del «Estado libre asociado» de Ibarretxe, del que todo el mundo habla... menos Ibarretxe, que nunca ha propuesto nada semejante–, cuando una llamada telefónica me hizo recuperar mi perdida fe en el rigor profesional de los periodistas.

Sucedió tal cosa anteayer, después de que hubiera incluido en este Diario mi apunte sobre Fraga y la «autodefensa».

Me telefoneó mi buen amigo Gervasio Guzmán.

–Oye, Javier. Acabo de leer el apunte de tu Diario. Por el tono, me ha parecido que podías estar pensando en él como borrador para tu columna de mañana en El Mundo.

–Acertaste –le respondí.

–¡Pero no puedes defender tal cosa! –saltó.

–¿Qué cosa? –me sorprendí.

–Jodé, tío... Das a entender que Fraga está informado de los intentos de resucitar el Batallón Vasco Español...

–No exactamente. Señalo cuatro hechos, todos ellos constatables: uno, que él sabe muy bien qué fue y en qué consistió el Batallón Vasco Español; dos, que muestra comprensión hacia lo que hizo aquella gente, pintándolo como «una reacción natural de autodefensa»; tres, que él mismo ha pronosticado que algo como aquello va a reproducirse en Euskadi en los próximos tiempos; y, cuatro, que han empezado a circular amenazas firmadas por un sedicente «Nuevo Batallón Vasco Español».

–Ya... Pero, tal como lo presentas... Concluyes: «Y es que Fraga siempre ha sido un hombre muy bien informado». Eso equivale a una acusación. Y tú no tienes pruebas de que Fraga esté informado de lo que va a pasar.

–Y entonces, ¿a cuento de qué se muestra tan seguro de que va a suceder?

–Lo ignoro. Pero, insisto: tú no tienes pruebas de que esté al tanto.

–Hombre, claro. Si no, las llevaría al Juzgado de guardia más cercano.

–Pues eso. Es injusto que termines la columna con esa insinuación tan malévola. Tú, que tanto presumes de garantista...

–Anda, vaya... Y si me limitara a enunciar los hechos y dejara que quien los lea saque sus propias conclusiones, ¿no tendrías nada que objetar?

–No. Me parecería correcto.

–¿Y en caso contrario?

–En caso contrario consideraría muy lógico que se negaran a publicarte ese infundio.

Me entró un ataque de risa. Que él, que no ha movido ni una ceja ante la publicación de las acusaciones más estrafalarias e infundadas contra gente que no ha roto un plato en su vida, se inquiete porque yo insinúe que Fraga puede ser cómplice de una cosa que el propio patrón de la Xunta justifica... ¡tiene bemoles!

Pero, bueno, he de admitir que no puedo probar mis sospechas. Así que le hice caso y cambié la última frase de mi columna.

Seamos positivos: tal vez lo suyo sea un síntoma de que estamos asistiendo a un feliz regreso del garantismo periodístico, y yo no me había dado cuenta.

Una noticia

Un amigo me pide que comente esta noticia.

El titular dice: «Sevilla.- Los hermanos Peralta reclaman 138.232 euros a cinco agricultores que ocuparon y cultivaron unas tierras». Y el texto es el siguiente:

«Los hermanos Angel y Rafael Peralta reclamaron hoy en un juzgado de Sevilla una indemnización de 138.232 euros a cinco cooperativistas de La Puebla del Río (Sevilla) por ocupar y cultivar arroz en unas 60 hectáreas de terreno que lindan con la explotación familiar de los demandantes y que están declaradas como de dominio público marítimo-terrestre por la Dirección General de Costas desde 1989, declaración aprobada en 1991, aunque esta decisión se encuentra recurrida.

»Según explicaron a Europa Press fuentes de la defensa de los agricultores, los hermanos Peralta denunciaron en 1999 a cinco cooperativistas de la citada localidad por un delito de coacciones a raíz de los hechos ocurridos en abril del citado año, cuando los agricultores impidieron la entrada de tractores de 'Agropecuaria Peralta' a estas tierras, para evitar, según estas fuentes, que la maquinaria estropeara la cosecha.

»Además, 'Agropecuaria Peralta' acusa a los cooperativistas de un delito de usurpación y solicita una indemnización de unos 138.232 euros en concepto de daños y perjuicios por la ocupación de esta finca.

»En el juicio, celebrado hoy [por ayer] en un juzgado de Sevilla, la defensa pidió la libre absolución mientras que la Fiscalía ha rebajado la acusación de delito a falta de coacciones, por lo que, en caso de que el juez se pronuncie en este sentido, la condena sería de una multa con una cuantía máxima de 240 euros. Asimismo, explicó que la pena que conllevaría la clasificación como delito oscila entre los tres y los 18 meses de arresto.

»Los cooperativistas de La Puebla cultivan arroz desde 1989 en estas tierras, deslindadas por la Dirección General de Costas y que se ubican en las márgenes del Guadalquivir.

»Por su parte, los hermanos Peralta reclaman la propiedad de estos terrenos al ser antiguos propietarios de esta superficie hasta que se declaró de dominio público terrestre, decisión que está recurrida y a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. (Fuente: Yahoo! Temas de actualidad - Sevilla al día. © 2002 Yahoo! Inc. © 2002 Europa Press.).»

Ésa es la noticia.

Mi problema es que no se me ocurre ningún comentario que no resulte escandalosamente obvio.

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Aviso importante.– Si algún lector o lectora tiene en la libreta de direcciones de su correo electrónico mi anterior dirección de correo, [email protected], debe proceder a borrarla. Primero, porque ya no sirve, con lo cual lo que me envíe ahí no me llegará, y segundo, porque he comprobado que esa dirección está siendo utilizada, ignoro por quién, para difundir virus a troche y moche. Ya he avisado a mundofree para que la inutilicen cuanto antes. Mi actual dirección –de momento sana y en buen uso– es [email protected].

(14 de noviembre de 2002)

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El porqué de una ilegalización

Un amplio sondeo electoral realizado en la Comunidad Foral de Navarra indica que, de celebrarse elecciones ahora mismo, Batasuna no perdería respaldo electoral, incluso contando con el hueco que habría de dejar a la corriente Aralar, que obtendría un diputado.

El dato es importante. Significa que Batasuna mantendría la cota de votos extraordinaria que obtuvo tras la declaración de la tregua de ETA, cuando la izquierda abertzale alcanzó sus mejores resultados electorales. O, dicho de otro modo: significa que no pagaría el más mínimo precio por todo lo ocurrido desde que ETA rompió la tregua. Hace algo más de un año, Batasuna pasaba en Navarra por un auténtico calvario, con las peores previsiones electorales de su historia. Ahora, después de que Garzón decretara su suspensión de actividades –o sea, que la ilegalizara de facto– y de que el presidente foral, Miguel Sanz, se haya empeñado en ilustrar prácticamente cómo gobernaría en la Comunidad Autónoma Vasca el PP si pudiera, Batasuna recupera enteros a marchas forzadas.

Sería un verdadero bofetón para la línea marcada por el Gobierno central... si pudiera materializarse. Porque, para que Batasuna lograra esos resultados electorales, tendría que presentarse. Ahí es donde la gracia de Garzón entra en juego: puede ponerse de acuerdo con la Junta Electoral correspondiente, para que Batasuna vea rechazada la inscripción de sus candidaturas, con su nombre o con cualquier otro.

De ese modo, aunque la actuación de las autoridades centrales y de sus agentes navarros sea objetivamente un desastre político, no habría constatación fehaciente de ello en las urnas. Lo cual, para quienes viven en una permanente fictio iuris, haciendo como si lo dictado por sus leyes remodelara la realidad a su gusto y deseo, sería suficiente. Suficiente, por lo menos, para que en el resto del Estado se crean que van por el buen camino.

(13 de noviembre de 2002)

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Fraga y la «autodefensa»

He estado buscando la literalidad del asunto en la Prensa de hoy, pero no la he encontrado en parte alguna. Parece que la noticia no le ha interesado a nadie, salvo a mí. Sé, en todo caso, que no me la he inventado, porque la escuché ayer en la radio y tomé rápida nota de ella.

Hablo de unas declaraciones realizadas por Manuel Fraga a un documental televisivo de Cataluña. Le preguntan por los actos de violencia fascista asumidos durante los primeros años de la transición por diversas organizaciones ultras, particularmente el Batallón Vasco-Español (BVE). El presidente de la Xunta de Galicia responde que, en su criterio, representaron «un movimiento de autodefensa», tras de lo cual pronostica que ese género de violencia «volverá a producirse en los próximos tiempos».

Manuel Fraga sabe de lo que habla. Lo nombraron ministro de la Gobernación (Interior) en 1975 y fue ese año, precisamente, cuando se inició la actividad criminal del BVE y sus homólogos (Alianza Apostólica Anticomunista, Antiterrorismo ETA, Acción Nacional Española), que se hicieron responsables del asesinato de 34 personas a ambos lados del Bidasoa durante el periodo 1975-1981. A los más desmemoriados o más jóvenes tal vez convenga recordarles que, entre las actividades de este «movimiento de autodefensa», se cuenta la colocación el 19 de enero de 1980 de una bomba en el bar «Aldana» de la anteiglesia de Alonsotegi, en las inmediaciones de Bilbao, acción que acabó con la vida de cuatro vecinos; de otra bomba, ésta el 23 de julio del mismo año, que estalló en la ikastola «Iturriaga», en Bilbao, y que mató a tres personas, entre ellas una mujer embarazada de nueve meses, y de otra más, contra el bar «Hendayais», el 24 de noviembre siguiente, que mató a una persona e hirió a diez más.

Las Fuerzas de Seguridad francesas detuvieron a varios responsables de aquellas actividades terroristas. Se dio la enojosa circunstancia de que algunos de los pillados in fraganti resultaron ser... policías españoles. Probablemente se habían tomado de manera demasiado literal la afirmación del veterano ministro, que dijo: «El mejor terrorista es el terrorista muerto». También fueron identificados como miembros del BVE Jean Pierre Cherid y los hermanos Perret, mercenarios franceses que luego volverían a aparecer en escena como asesinos a sueldo de la Administración española, en tiempos de los GAL.

Fraga, que nunca ha condenado ese género de terrorismo, limitándose a criticar sus «chapuzas» –pese a lo cual es presidente de Honor de un partido que defiende la ilegalización de quienes no condenen el terrorismo–, anuncia ahora que esos «movimientos de autodefensa» van a regresar. Curiosamente, hace algunas semanas que han empezado a circular por el País Vasco algunos anónimos amenazantes firmados por un sedicente «Nuevo Batallón Vasco Español».

Y es que Fraga siempre ha sido un hombre muy bien informado.

(12 de noviembre de 2002)

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¿Legitimidad contra legalidad?

Tras haber editado y puesto en la calle la primera novela de Juan Alberto Perote, el ex jefe de los espías españoles (Misión para dos muertos, Foca, 2002), me he sumido en la lectura de su apasionante primer libro, Confesiones de Perote (RBA, 1999), hoy prácticamente imposible de encontrar (lo cual es una verdadera pena, porque proporciona algunas claves imprescindibles para la comprensión de lo sucedido en España durante los últimos 25 años).

En aquel su primer libro, al igual que en su novela –también muy interesante, aunque me esté mal decirlo–, Perote, que estuvo al frente de la Agrupación Operativa de Medios Especiales del Cesid, justifica la utilización que los servicios secretos de todo el mundo hacen de métodos ilegales: escuchas no autorizadas, allanamientos de moradas, violaciones de la intimidad de los ciudadanos... y cosas mucho peores. Según él, sin esa licencia para delinquir –para matar, en la versión de Bond–, un servicio secreto no sería eficaz. Y, como quiera que –según él– la labor de los servicios secretos es imprescindible para todo Estado que se precie, la pescadilla se muerde la cola: la ilegalidad es un instrumento necesario para la defensa de la legalidad.

O, por decirlo con otras –y muy viejas– palabras: el fin justifica los medios.

El coronel de Infantería retirado, que de tonto no tiene un pelo, pone un ejemplo que a él le parece definitivo. Cuenta cómo, para desarticular la trama golpista del 27-O, de la que ahora acaban de cumplirse dos décadas, al Cesid le vino como anillo al dedo abrir el maletero del coche de un oficial golpista, hacerse con su cartera de mano, fotocopiar el contenido –llevaba allí todo el plan del golpe, redactado a mano por Miláns del Bosch– y devolver la cartera a su sitio, sin que su propietario se apercibiera de nada. Escribe Perote: «Aquellos garantistas que nos acusan de delinquir sistemáticamente comprenderán ahora cómo en nuestra rutina profesional lo más razonable es que lo legal sucumba ante lo legítimo. Lo legal hubiera sido no abrir aquel maletero. Lo legítimo, en cambio, era hacer lo que hicimos, evitando así el derramamiento de sangre, el fin de la Democracia y del propio imperio de la Ley que acabábamos de vulnerar. Quien no asuma este hecho como incuestionable es sencillamente un estúpido...».

Pues para mí que soy «sencillamente un estúpido», porque desde luego que no asumo ese hecho como incuestionable.

Explicaré por qué.

Primero, porque el ejemplo es tramposo. Perote aprovecha un caso en el que el delito es muy menor y la finalidad muy estupenda para tratar de colar el enunciado de un principio de aplicación general que, en el caso del Cesid, ha permitido la comisión de gravísimos crímenes, no evitando «el derramamiento de sangre», sino propiciándolo (caso de sus labores de asistencia técnica a los asesinos de los GAL). El problema es que, cuando uno se arroga el derecho a decidir qué es «lo legítimo» que debe primar sobre lo legal, lo mismo inspecciona un maletero de coche que acaba matando a unos mendigos para probar la eficacia de una droga eventualmente aplicable a terroristas secuestrados.

En segundo lugar, el propio ejemplo puesto por Perote es extremadamente discutible. El Cesid –o, mejor dicho, la parte no golpista del Cesid– se vio en la obligación de actuar así porque el Gobierno –que sabía perfectamente quiénes integraban la dirección de los golpistas, aunque le faltara el conocimiento de los detalles de su plan– no se había atrevido a cortar por lo sano, procediendo contra ellos con el necesario rigor. Es decir, que el Cesid actuó de ese modo para paliar los efectos de la cobardía del Gobierno. De hecho, si el Ejecutivo de Calvo Sotelo se hubiera sometido al «imperio de la Ley», habría llevado hasta sus últimas consecuencias la investigación de lo sucedido el 23-F y el castigo de sus responsables, militares y civiles, con lo que es muy probable que el 27-O se hubiera quedado desde el principio en agua de borrajas. Para empezar, el encierro carcelario de Miláns no habría sido la casa de tócame Roque que fue, convertido en Cuartel General del golpe.

Estoy oyendo ya la objeción: «Pero si el Gobierno hubiera hecho eso, la escabechina de militares de alta graduación habría sido de aúpa... ¡Entonces sí que el Ejército se levanta!». A lo que respondo que creí que se estaba hablando de salvar «la Democracia», no un pasteleo sin principios.

He hecho mi propio balance personal de los años de existencia del Cesid, ahora rebautizado. Buena parte de ese balance lo he establecido con la información proporcionada por el propio Perote. La ristra de actuaciones delictivas llevadas a cabo por los servicios secretos españoles con fines estrictamente partidistas y sectarios es impresionante. El Cesid estuvo seriamente involucrado en la intentona del 23-F. Estuvo mezclado a tope en la guerra sucia de Euskadi. Ayudó a los servicios secretos israelíes a llevar adelante su propia guerra sucia contra el pueblo palestino. Se dedicó a investigar con medios delictivos a toda suerte de organizaciones políticas y sociales perfectamente legales, introduciendo a veces en su interior agentes que actuaban eventualmente como elementos provocadores. Eso sin hablar de los vídeos sexuales y demás basura al servicio del felipismo. Francamente: tras haber conocido el funcionamiento de la Casa –en no poca medida gracias, ya digo, al propio Perote– mi escepticismo ha alcanzado cotas himalayescas. Esa gente te llena la cama de micrófonos y luego encarga a una bella moza que te seduzca, si cree que así puede sacarte algo de interés. (No es un ejemplo puesto a voleo: sé de un caso en que fue eso exactamente lo que hicieron).

Así que no digo que no: puede que yo sea «sencillamente un estúpido». Pero de lo que sí estoy seguro es de que se me da muy mal comulgar con ruedas de molino.

(11 de noviembre de 2002)

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